Abogado mercantil en Madrid (Retiro)

Lo esencial: objeto, precio y forma de pago, plazos, entregables, responsabilidades, resolución, penalizaciones y jurisdicción.

Se aplican las reglas del Código de Comercio y, como base general, el régimen civil de obligaciones y contratos.

Puede serlo si hay consentimiento y quedan claros los términos: qué, cuánto y cuándo. El riesgo es probatorio.

Conviene ordenar la evidencia y, si es posible, formalizar con firma, anexos o aceptación expresa.

Normalmente: requerimiento fehaciente, intento de negociación y, si no hay solución, acción judicial de cumplimiento o de resolución con daños.

Dos clásicas: duración y renovación, y resolución anticipada —preavisos, penalizaciones y causas—.

Una revisión previa evita el típico «me ata un año más y no me di cuenta».

Revisión de la documentación —factura, pedido, entrega—, requerimiento y, si no paga, reclamación judicial por monitorio u ordinario según el caso.

Cuanto antes se actúe, mejor: evita encontrarse con una insolvencia sobrevenida.

Es un proceso para reclamar deudas dinerarias líquidas, vencidas y exigibles, acreditadas documentalmente. Es la vía más usada para facturas impagadas.

Sí. En operaciones comerciales, si hay mora, puede reclamarse el interés de demora —pactado o el legal— y una cantidad fija de 40 euros por costes de cobro, además de otros costes acreditados que la excedan.

Conviene valorar medidas rápidas y vigilar el escenario concursal. No es lo mismo reclamar con normalidad que hacerlo con la empresa ya en caída.

Es un acuerdo entre socios que regula lo que muchas veces no queda bien cerrado en los estatutos: salidas, arrastres, vetos, no competencia o remuneración.

Reduce conflictos y bloqueos futuros, y es barato comparado con lo que cuesta resolverlos.

Los estatutos se inscriben y forman parte del marco societario público; el pacto suele ser privado y regula la relación entre socios con más detalle.

Los dos deben ser coherentes: si se contradicen, el problema aparece en el peor momento.

Diligencia, lealtad y cumplir la ley y los estatutos. Si causa daño por actos u omisiones contrarios a la ley o a los estatutos, o por incumplir los deberes del cargo, puede responder frente a la sociedad, los socios o los acreedores.

Hay reglas y limitaciones —derechos de adquisición preferente, autorizaciones— que suelen estar en los estatutos o en el pacto de socios.

Antes de firmar conviene revisar restricciones y precio.

Cuando sea contrario a la ley, a los estatutos o al reglamento de la junta, o lesione el interés social en beneficio de uno o varios socios o de terceros.

Con carácter general, un año. Si el acuerdo es contrario al orden público, no caduca. En cotizadas hay especialidades, por ejemplo plazos de tres meses en ciertos supuestos.

Convocatoria, acta, asistencia y votación, documentación entregada y el motivo concreto de impugnación.

Sin acta y sin rastro documental, el asunto se vuelve muy cuesta arriba.

Es el derecho a recibir información adecuada para votar con conocimiento, con límites y forma según el caso.

Muchas impugnaciones nacen de información insuficiente o entregada tarde.

Son modificaciones estructurales: en la fusión se integran sociedades; en la escisión se divide el patrimonio en varias partes; en la transformación cambia la forma social.

Depende de la complejidad, del número de sociedades, de la documentación y del Registro Mercantil.

La clave es planificar las fases —proyecto, acuerdos e inscripción— para evitar parones.

En general hay continuidad y asunción de posiciones jurídicas según la operación concreta. El riesgo está en las cláusulas de cambio de control y en las garantías.

Por eso se revisan los contratos críticos antes de empezar.

Dentro de los dos meses desde que se conoce o se debe conocer la insolvencia actual. Es un plazo que se incumple con frecuencia y que después pesa.

El voluntario lo solicita el deudor; el necesario, un legitimado, por ejemplo un acreedor, y puede tener efectos procesales relevantes.

La estrategia cambia mucho según quién lo inicia y en qué momento.

El concurso reorganiza la persecución individual de los créditos y establece reglas sobre ejecuciones y embargos para preservar el interés del procedimiento.

Puede, especialmente si se toman decisiones tardías o contrarias a los deberes legales.

Por eso es crucial asesorarse antes de llegar al punto de no retorno, y documentar las decisiones.

Personas físicas —particulares y autónomos— que cumplan los requisitos del régimen concursal para obtener la exoneración de deudas cuando proceda.

La reforma concursal permite, en determinados casos, la exoneración sin liquidación previa mediante un plan de pagos, lo que puede facilitar conservar vivienda o activos según las circunstancias.

Se amplió el alcance, pero existen reglas específicas y límites para determinados créditos, por ejemplo algunos públicos.

La viabilidad se determina caso por caso, y conviene saberla antes de empezar.

No siempre. Hay dos vías habituales: exoneración con liquidación o exoneración con plan de pagos sin liquidación previa cuando encaja.

Depende del tipo de asunto: consulta puntual, negociación, redacción de contrato o procedimiento judicial.

Lo habitual es fijar honorarios por fases y dejarlo por escrito en la hoja de encargo, para que sepas qué incluye y qué no.

Contratos, facturas y pedidos, correos o mensajes relevantes y, si hay sociedad, estatutos, actas y acuerdos.

En impagos, añade albaranes o justificantes de entrega y cualquier requerimiento previo.

Sí. En mercantil lo habitual son empresas y autónomos, pero si el problema son deudas personales puede encajar en la Ley de Segunda Oportunidad dentro del marco concursal.