Abogado de Derecho Administrativo en Madrid (Retiro)

Depende del tipo de sanción y de la norma sectorial. Como referencia: si la vía correcta es la alzada o la reposición, el plazo general es de un mes cuando el acto es expreso.

En los procedimientos de la DGT lo habitual son 20 días naturales para pagar con reducción o para presentar alegaciones o recurso, según lo que indique la notificación.

En sanciones de tráfico, pagar con reducción suele implicar renunciar a formular alegaciones o recurso en vía administrativa.

Conviene valorarlo antes de pagar, no después.

La alzada procede contra actos que no ponen fin a la vía administrativa y se interpone ante el superior jerárquico. La reposición, contra actos que sí la ponen fin, y se interpone ante el mismo órgano.

En general, un mes si el acto es expreso. Si el acto es por silencio, puede interponerse en cualquier momento desde que se produce el efecto del silencio, con reglas específicas.

La alzada tiene un plazo máximo de tres meses; la reposición, de un mes.

Normalmente cuando el acto es firme en vía administrativa, o cuando la ley lo permite, o tras la resolución o el silencio del recurso que corresponda.

Con carácter general, dos meses desde la notificación del acto expreso. Si es por silencio, el plazo general es de seis meses.

Ante órganos unipersonales la parte debe estar asistida por abogado y puede conferir representación a procurador. Ante órganos colegiados, procurador y abogado son obligatorios, con excepciones tasadas.

Lo primero es ver si la resolución pone fin a la vía administrativa. Desde ahí se decide: reposición o alzada y, si procede, contencioso.

Como regla general, un mes para alzada o reposición si el acto es expreso, según cuál proceda.

En las solicitudes iniciadas por el interesado el silencio suele ser estimatorio, salvo excepciones: cuando afecte al dominio público o al servicio público, actividades con impacto ambiental, o cuando una ley establezca lo contrario.

Cuando existe un daño efectivo y una relación con el funcionamiento del servicio público. Hay requisitos de causalidad y antijuridicidad que hay que probar.

El daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado. La cuantificación y la prueba del nexo causal son lo que decide estos asuntos.

Todo lo que acredite el daño y su origen: informes, fotografías con fecha, partes, facturas, testigos y cualquier comunicación previa con la Administración.

Cuanto antes, desde la primera notificación: los plazos para recurrir son cortos, y en muchos casos de un mes.

La resolución o notificación completa, con su fecha de recepción, el expediente si lo tienes y cualquier prueba: escritos previos, registros, correos, fotografías o justificantes.

Si hubo silencio administrativo, hace falta la solicitud presentada y su justificante de registro.

Primero un diagnóstico de vía, plazo y viabilidad. Después preparamos el escrito —alegaciones, recurso o demanda—, pedimos el expediente si hace falta y acompañamos hasta la resolución o, si procede, hasta el contencioso.